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Diputado pide que el Congreso investigue agresión policial contra Millys Martínez, no la Policía

 

SANTO DOMINGO, RD. —
La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Elías Piña, Millys Martínez, fue esposada por agentes de la Policía en su provincia, en un hecho que ha generado amplio rechazo entre los legisladores. La acción fue dirigida por el comandante del Departamento Operativo de Elías Piña, el teniente coronel Ernesto de León Olivero.
En imágenes difundidas en redes sociales se observa a la legisladora rodeada por unos 10 agentes, esposada junto a otra persona, mientras expresaba: “Me están apretando, suéltenme…”. La institución policial informó que la detuvieron en un lugar donde se realizaba una fiesta con música y venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes.

El planteamiento del diputado Cedeño

Ante el anuncio de que la Inspectoría General de la Policía llevaría adelante la investigación, el también diputado del PRM Eugenio Cedeño planteó que no debe ser la propia institución policial quien investigue los hechos.
“La Cámara de Diputados no puede delegar en la Policía la investigación de los hechos”, expresó Cedeño en su cuenta de X. Sugirió al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, conformar una comisión bicameral —con participación del Senado— para encargarse de las pesquisas.
“El golpe no es a un diputado, es al Congreso Nacional y a la institucionalidad democrática”, afirmó. Asimismo, cuestionó que un oficial de alto rango actuara de esa manera contra una legisladora sin que existiera delito flagrante.

Inmunidad parlamentaria

El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, condenó la acción, recordando que la Constitución prohíbe privar de libertad a un legislador salvo que sea sorprendido en flagrante delito.
La protección está establecida en el Artículo 84 de la Constitución, que solo permite detener a un diputado o senador en dos casos: si es aprehendido cometiendo un delito, o si la cámara a la que pertenece autoriza el retiro de su inmunidad. El Artículo 87 precisa que esta garantía no es un privilegio personal, sino una medida para asegurar el libre ejercicio de la función legislativa. El actual periodo legislativo comenzó el 16 de agosto y concluirá el 12 de enero.
El caso ha unido a legisladores de distintas fuerzas políticas, que han manifestado su rechazo a lo ocurrido.

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